El Consejo de Ministros de España ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. El texto pasa ahora al Congreso para su tramitación, marcando el fin del periodo de uso libre de IA sin consecuencias legales en nuestro país.
Lo más importante de la nueva Ley de IA española
La AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial) tendrá el papel central en la vigilancia del cumplimiento de la norma. La ley define qué autoridades supervisarán los sistemas de IA en España, qué régimen sancionador se aplicará y qué obligaciones concretas tendrán empresas y administraciones.
Fecha clave: 2 de agosto de 2026
A partir del 2 de agosto de 2026, el etiquetado de contenidos generados por IA será obligatorio en España. Imágenes, vídeos y textos creados artificialmente tendrán que identificarse como tal con marcas visibles. Esto afecta directamente a marcas, agencias de comunicación, creadores de contenido y cualquier empresa que use IA generativa en su actividad.
Sanciones y multas
El régimen sancionador contempla multas de hasta 35 millones de euros para los usos prohibidos o de alto riesgo. Esta cifra sitúa a España entre los países europeos con mayor dureza regulatoria en materia de IA, en línea con el Reglamento europeo de IA (AI Act).
Paralelo internacional: Reino Unido regula las AI Overviews de Google
El mismo mes, la Competition and Markets Authority (CMA) del Reino Unido emitió el primer mandato vinculante del mundo dirigido a las funcionalidades de IA de un motor de búsqueda. La orden obliga a Google a dar a los editores de contenido control real sobre si sus artículos alimentan las AI Overviews. Google tiene hasta marzo de 2027 para implementar los cambios, con multas de hasta el 10% de su facturación global si incumple.
¿Qué deben hacer las empresas ahora?
Revisar todos los contenidos generados con IA que se publican. Preparar sistemas de etiquetado visibles para imágenes, vídeos y textos. Identificar qué usos de IA podrían clasificarse como de alto riesgo según la normativa. Estar atentos a la aprobación definitiva en el Congreso.